Si algo caracteriza las instituciones latinoamericanas es el aparente desorden en la apropiación de los recursos. Lejos de resistirse, las sociedades latinoamericanas suelen aceptar e incluso, celebrar, la colectivización total o parcial de industrias y sectores enteros de la economía que podrían ser más eficientemente utilizados en manos de emprendedores privados. Así, sin mayor resistencia, bienes privados tan diversos como tierras e inmuebles, energía y del espectro radioeléctrico, aguas y el mismo sub-suelo son objeto de nacionalización, limitaciones o autorizaciones estatales, o controles de diversa índole.
Pero también, bienes “públicos” tales como aceras y calles, terrenos aledaños a las ciudades, o parques nacionales, son “privatizadas” por comerciantes informales, bajo la mirada tolerante de la autoridad, quien los administra como si se tratase de bienes privados, con fines políticos.
La combinación de una ideología que tiende a colectivizar lo privado, y a tolerar la privatización de lo público ha alimentado una sensación de anarquía institucional en el control de los recursos sociales, con lo que ha eliminado el incentivo de los agentes económicos por invertir en ellos, para capitalizar su potencial productivo, y agregarles valor mediante usos cada vez más variados. En su lugar, se ha gestado un entorno institucional que utiliza los recursos sociales como rentas para explotar, donde el esfuerzo por agregar valor mediante inversiones productivas es negocio arriesgado, toda vez que el beneficio derivado de dicho esfuerzo, jamás está asegurado al empresario innovador.
No es casualidad que las distintas doctrinas de filosofía política emanadas y practicadas en la región a lo largo de su historia tiendan a visualizar los recursos sociales como recursos limitados y escasos, donde el desiderato político para lograr el bienestar colectivo no es cómo generar nuevos recursos, sino cómo administrar los escasos recursos existentes. Por ello, en lugar de plantearse la creación de riqueza como objetivo de las políticas públicas, la ideología política latinoamericana, consistentemente ha centrado su interés en encontrar una fórmula mágica de equidad, para asignar equitativamente recursos escasos en la sociedad. En suma, las ideologías políticas latinoamericanas han estado dominadas por la búsqueda de utopías sobre la administración “justa” de los recursos sociales.
1.- La utopía como rectora de las decisiones colectivas
Las reglas institucionales son el reflejo de las convicciones morales e ideológicas de la sociedad. En el caso latinoamericano, la convicción ideológica dominante es que los recursos sociales tienen una presunta vocación “colectiva”, no obstante estar conformados por bienes privados. Esto ha generado un tejido institucional que si bien admite en principio la propiedad privada, también tiende a cuestionarla constantemente, por su presunta “función social”.
La función social de los derechos económicos está asociada a la búsqueda de utopías sociales que ha caracterizado la historia latinoamericana desde sus orígenes institucionales. Las políticas públicas están concebidas para colectivizar bienes privados, en la medida que ello permite alcanzar la justicia social, pues los bienes sociales son escasos, y por tanto toca al Estado apropiarse de ellos (nacionalizaciones) o girar al sector privado las instrucciones necesarias (regulaciones, permisos, licencias, etc.) para asegurar que ellos sean puestos al servicio del colectivo. Esta convicción ideológica ha permanecido inalterada a lo largo de la historia de la región. Hay una incapacidad para ver el problema de fondo que condiciona el paradigma ideológico dominante en las políticas públicas en América Latina desde sus orígenes, esto es que los recursos no son limitados, sino que ellos dependen de la capacidad creativa de los empresarios. Es la empresarialidad de una sociedad su talento creativo para identificar nuevas formas sobre cómo emplear los recursos materiales a disposición, la que hace la medida de su prosperidad material. La insistencia en colectivizar los recursos sociales viene de lejos en la historia latinoamericana.
Al colectivismo indigenista de las culturas precolombinas sucedió la escolástica salamantina, la cual buscaba encontrar la virtud de las transacciones económicas en un utópico “precio justo” que muchos podían instrumentar a través de toda una variedad de monopolios y estancos reales, administrados por funcionarios virtuosos. Tales monopolios incluían, entre otros, los derechos del real ensaye de oro y plata, los diezmos, el real derecho del quinto, el derecho de vajilla, el derecho de amonedación, los ramos del alumbre, cobre, estaño y plomo, el ramo de tributos reales, el derecho de censos, el remate de oficios vendibles y renunciables, los oficios de cancillería, el papel sellado, la media anata, el servicio de lanzas, el derecho de licencias, el derecho de ventas, composiciones y confirmaciones de tierras y aguas, el derecho de pulperías, derecho de comisos, impuestos de la grana, añil y vainilla, derecho de entradas de vino, aguardientes y vinagres, depósitos de nieve, cordobanes y colambres, el juego de gallos, la pólvora, la real lotería, el de dos novenos reales, las alcabalas, el ramo de pulques, el derecho de armadas y averías, el de almojarifazgo, las salinas y venta de sales, aprovechamiento, alcance de cuentas, anclaje, el lastre, bienes mostrencos, y los donativos (Sánchez Núñez, 2000). La imposibilidad de encontrar tales precios justos, pronto condujo a la corrupción y contrabando, que caracterizarían la economía colonial en las Indias.
No obstante, este sistema institucional fue continuado luego de la Independencia, a comienzos del siglo XIX, en la naciente doctrina positivista, la cual pretendía imponer una agenda de modernización racionalmente a la sociedad, entendida ésta como un cuerpo orgánico susceptible de recibir las ordenes impartidas por una elite ilustrada. En el campo jurídico el positivismo erradicaba el contenido moral de las leyes y las convertía en meros instrumentos del accionar gubernamental, con los fi nes que éste impusiera para alcanzar la modernización de la sociedad.
El positivismo no alteró la sustancia de las conservadoras instituciones latinoamericanas; por el contrario, reforzó la defi ciente asignación de propiedad en ellas, no sólo perpetuando los estancos y otras formas de monopolio heredadas de la Colonia, sino además, imponiendo un sistema de control político de minorías sobre los derechos de propiedad. La utopía del desarrollismo positivista excluyó las grandes mayorías que habrían de buscar su reivindicación social en grandes movimientos políticos en la primera mitad del siglo XX.
Sin embargo, el Estado de Bienestar nacido de la triple influencia del agrarismo de la Revolución Mexicana (1910), del pensamiento político filo marxista de la Revolución Bolchevique (1917), y de la Doctrina Social de la Iglesia Católica postulada en la encíclica papal Rerum Novarum (1891), las cuales habría de inspirar los movimientos políticos dominantes en la región a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, no hizo más que reeditar el sistema excluyente heredado institucionalmente, si bien bajo una nueva coartada progresista.
Estas influencias no serían capaces de alterar el carácter esencialmente corporativista, mercantilista y excluyente de las políticas económicas latinoamericanas, así como tampoco favorecería una difusión masiva de los derechos de propiedad. Por el contrario, se limitó a reemplazar las elites ilustradas y conservadoras de la generación anterior, por el Estado Benefactor, controlado por nuevas elites políticas quienes se limitaron a mantener la estructura monopolizada de los derechos de propiedad, en representación de las grandes masas populares (Vargas Llosa, 2004).
Las políticas de desarrollo que se emplearían en el modelo de Estado benefactor buscarían reforzar los monopolios como estructura central del sistema económico, igual que en generaciones anteriores. La unanimidad de las constituciones latinoamericanas dictadas desde mediados del siglo XX condiciona el derecho de propiedad a una etérea “función social”, así como permite que el Estado se reserve sectores “estratégicos” de la economía que suelen ser aquellos donde el país cuenta con sus mejores ventajas competitivas. De esta manera, la actuación del sector empresarial fue relegada a sectores donde solamente puede sobrevivir con subsidios estatales, cuasi-monopolios gremiales autorizados y protegidos por la política comercial del Estado, mientras que los sectores de mayor rentabilidad frecuentemente quedaron condenados a ser explotados a través de monopolios estatales o concesiones privadas, igualmente monopólicas. La utopía del desarrollismo del Estado de Bienestar conduciría nuevamente a un fracaso, esta vez económico, al estallar la crisis de la deuda externa en 1982.
Los resultados de este modelo condujeron a las reformas neoliberales implementadas por inspiración del llamado “Consenso de Washington” (Williamson, 1990). Bajo la aparente defensa de los principios de mercado, estas reformas concentrarían su atención en mejorar el desempeño de los gobiernos, pero no a transformar la estructura monopolizada de los derechos de propiedad, que ahora habría de quedar –nuevamente- en manos privadas. En efecto, si bien es indudable que las reformas neoliberales de los 90 habrían de mejorar el desempeño general de las economías latinoamericanas, al deslastrar los estados de las pesadas cargas fi scales impuestas por costosas empresas estatales, dichas reformas se limitarían a transferir activos del sector público al sector privado, pero manteniendo la condición de monopolio de las actividades respectivas. La utopía neoliberal emplearía mecanismos de intervención estatal supuestamente dirigidos a preservar la transparencia del mercado y los derechos económicos que paradójicamente acabarían con la estabilidad misma de los derechos de propiedad: leyes antimonopolio, agencias de regulación sectorial, comisiones estatales para combatir el “dumping” y otras practicas “desleales” del comercio internacional, la protección de monopolios de derechos de autor y patentes so pretexto de defender la propiedad intelectual, etc. Toda esta intervención estatal se orientaría a corregir fallas de mercado, en la búsqueda de la efi ciencia económica, el nuevo ethos de las políticas públicas.
El evidente resurgimiento de propuestas políticas basadas en el populismo, la colectivización de los derechos y el estatismo, representadas en el postcomunismo gramsciano predicado por varios partidos latinoamericanos, actualmente en el poder, afi liados al Foro de Sao Paulo, muestra el evidente desgaste de la propuesta neoliberal, que no fue capaz de inducir un cambio profundo en la estructura monopolizada de los derechos de propiedad en la región. De acuerdo con el más reciente latino barómetro publicado por el semanario “The Economist” (2007), “muchos latinoamericanos ya no creen que únicamente el mercado puede aportar una proporción justa de los benefi cios del crecimiento económico.” De hecho, “los latinoamericanos esperan más del Estado y menos del mercado.”
2.- Conclusiones
Las sociedades que han logrado consolidar la propiedad han logrado vencer las limitaciones de la naturaleza, dotando a sus miembros de los incentivos que necesitan para invertir en la producción de nuevos recursos productivos, agregando valor mediante la innovación empresarial y la identifi cación constante de nuevos usos a recursos sociales que de otro modo siempre serian limitados. Pero mas allá de la evidencia de la conexión entre progreso y propiedad, la pregunta que surge es por qué razón algunas sociedades han favorecido el surgimiento de la propiedad mientras que otras, como la latinoamericana, lo han anulado.
En el caso latinoamericano, la respuesta a esta pregunta se encuentra en la búsqueda de utopías sociales que ha inspirado políticas públicas monopolizadoras de los derechos de propiedad. Desde la concesión de la administración de estancos reales, pasando por la titulación de derechos de propiedad precarios sobre la tierra bajo los programas de reforma agraria del Estado de Bienestar, hasta las privatizaciones neoliberales y los monopolios de patentes y derechos de autor, las políticas públicas latinoamericanas han sido excluyentes, regresivas y profundamente conservadoras de los monopolios sobre los sectores de mejores ventajas competitivas. Para promover el crecimiento económico acelerado de los países en la región, se precisa cambiar radicalmente la estructura de la propiedad en estos sectores, eliminando monopolios y extendiendo la propiedad privada a las grandes mayorías.
Bibliografía
Pero también, bienes “públicos” tales como aceras y calles, terrenos aledaños a las ciudades, o parques nacionales, son “privatizadas” por comerciantes informales, bajo la mirada tolerante de la autoridad, quien los administra como si se tratase de bienes privados, con fines políticos.
La combinación de una ideología que tiende a colectivizar lo privado, y a tolerar la privatización de lo público ha alimentado una sensación de anarquía institucional en el control de los recursos sociales, con lo que ha eliminado el incentivo de los agentes económicos por invertir en ellos, para capitalizar su potencial productivo, y agregarles valor mediante usos cada vez más variados. En su lugar, se ha gestado un entorno institucional que utiliza los recursos sociales como rentas para explotar, donde el esfuerzo por agregar valor mediante inversiones productivas es negocio arriesgado, toda vez que el beneficio derivado de dicho esfuerzo, jamás está asegurado al empresario innovador.
No es casualidad que las distintas doctrinas de filosofía política emanadas y practicadas en la región a lo largo de su historia tiendan a visualizar los recursos sociales como recursos limitados y escasos, donde el desiderato político para lograr el bienestar colectivo no es cómo generar nuevos recursos, sino cómo administrar los escasos recursos existentes. Por ello, en lugar de plantearse la creación de riqueza como objetivo de las políticas públicas, la ideología política latinoamericana, consistentemente ha centrado su interés en encontrar una fórmula mágica de equidad, para asignar equitativamente recursos escasos en la sociedad. En suma, las ideologías políticas latinoamericanas han estado dominadas por la búsqueda de utopías sobre la administración “justa” de los recursos sociales.
1.- La utopía como rectora de las decisiones colectivas
Las reglas institucionales son el reflejo de las convicciones morales e ideológicas de la sociedad. En el caso latinoamericano, la convicción ideológica dominante es que los recursos sociales tienen una presunta vocación “colectiva”, no obstante estar conformados por bienes privados. Esto ha generado un tejido institucional que si bien admite en principio la propiedad privada, también tiende a cuestionarla constantemente, por su presunta “función social”.
La función social de los derechos económicos está asociada a la búsqueda de utopías sociales que ha caracterizado la historia latinoamericana desde sus orígenes institucionales. Las políticas públicas están concebidas para colectivizar bienes privados, en la medida que ello permite alcanzar la justicia social, pues los bienes sociales son escasos, y por tanto toca al Estado apropiarse de ellos (nacionalizaciones) o girar al sector privado las instrucciones necesarias (regulaciones, permisos, licencias, etc.) para asegurar que ellos sean puestos al servicio del colectivo. Esta convicción ideológica ha permanecido inalterada a lo largo de la historia de la región. Hay una incapacidad para ver el problema de fondo que condiciona el paradigma ideológico dominante en las políticas públicas en América Latina desde sus orígenes, esto es que los recursos no son limitados, sino que ellos dependen de la capacidad creativa de los empresarios. Es la empresarialidad de una sociedad su talento creativo para identificar nuevas formas sobre cómo emplear los recursos materiales a disposición, la que hace la medida de su prosperidad material. La insistencia en colectivizar los recursos sociales viene de lejos en la historia latinoamericana.
Al colectivismo indigenista de las culturas precolombinas sucedió la escolástica salamantina, la cual buscaba encontrar la virtud de las transacciones económicas en un utópico “precio justo” que muchos podían instrumentar a través de toda una variedad de monopolios y estancos reales, administrados por funcionarios virtuosos. Tales monopolios incluían, entre otros, los derechos del real ensaye de oro y plata, los diezmos, el real derecho del quinto, el derecho de vajilla, el derecho de amonedación, los ramos del alumbre, cobre, estaño y plomo, el ramo de tributos reales, el derecho de censos, el remate de oficios vendibles y renunciables, los oficios de cancillería, el papel sellado, la media anata, el servicio de lanzas, el derecho de licencias, el derecho de ventas, composiciones y confirmaciones de tierras y aguas, el derecho de pulperías, derecho de comisos, impuestos de la grana, añil y vainilla, derecho de entradas de vino, aguardientes y vinagres, depósitos de nieve, cordobanes y colambres, el juego de gallos, la pólvora, la real lotería, el de dos novenos reales, las alcabalas, el ramo de pulques, el derecho de armadas y averías, el de almojarifazgo, las salinas y venta de sales, aprovechamiento, alcance de cuentas, anclaje, el lastre, bienes mostrencos, y los donativos (Sánchez Núñez, 2000). La imposibilidad de encontrar tales precios justos, pronto condujo a la corrupción y contrabando, que caracterizarían la economía colonial en las Indias.
No obstante, este sistema institucional fue continuado luego de la Independencia, a comienzos del siglo XIX, en la naciente doctrina positivista, la cual pretendía imponer una agenda de modernización racionalmente a la sociedad, entendida ésta como un cuerpo orgánico susceptible de recibir las ordenes impartidas por una elite ilustrada. En el campo jurídico el positivismo erradicaba el contenido moral de las leyes y las convertía en meros instrumentos del accionar gubernamental, con los fi nes que éste impusiera para alcanzar la modernización de la sociedad.
El positivismo no alteró la sustancia de las conservadoras instituciones latinoamericanas; por el contrario, reforzó la defi ciente asignación de propiedad en ellas, no sólo perpetuando los estancos y otras formas de monopolio heredadas de la Colonia, sino además, imponiendo un sistema de control político de minorías sobre los derechos de propiedad. La utopía del desarrollismo positivista excluyó las grandes mayorías que habrían de buscar su reivindicación social en grandes movimientos políticos en la primera mitad del siglo XX.
Sin embargo, el Estado de Bienestar nacido de la triple influencia del agrarismo de la Revolución Mexicana (1910), del pensamiento político filo marxista de la Revolución Bolchevique (1917), y de la Doctrina Social de la Iglesia Católica postulada en la encíclica papal Rerum Novarum (1891), las cuales habría de inspirar los movimientos políticos dominantes en la región a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, no hizo más que reeditar el sistema excluyente heredado institucionalmente, si bien bajo una nueva coartada progresista.
Estas influencias no serían capaces de alterar el carácter esencialmente corporativista, mercantilista y excluyente de las políticas económicas latinoamericanas, así como tampoco favorecería una difusión masiva de los derechos de propiedad. Por el contrario, se limitó a reemplazar las elites ilustradas y conservadoras de la generación anterior, por el Estado Benefactor, controlado por nuevas elites políticas quienes se limitaron a mantener la estructura monopolizada de los derechos de propiedad, en representación de las grandes masas populares (Vargas Llosa, 2004).
Las políticas de desarrollo que se emplearían en el modelo de Estado benefactor buscarían reforzar los monopolios como estructura central del sistema económico, igual que en generaciones anteriores. La unanimidad de las constituciones latinoamericanas dictadas desde mediados del siglo XX condiciona el derecho de propiedad a una etérea “función social”, así como permite que el Estado se reserve sectores “estratégicos” de la economía que suelen ser aquellos donde el país cuenta con sus mejores ventajas competitivas. De esta manera, la actuación del sector empresarial fue relegada a sectores donde solamente puede sobrevivir con subsidios estatales, cuasi-monopolios gremiales autorizados y protegidos por la política comercial del Estado, mientras que los sectores de mayor rentabilidad frecuentemente quedaron condenados a ser explotados a través de monopolios estatales o concesiones privadas, igualmente monopólicas. La utopía del desarrollismo del Estado de Bienestar conduciría nuevamente a un fracaso, esta vez económico, al estallar la crisis de la deuda externa en 1982.
Los resultados de este modelo condujeron a las reformas neoliberales implementadas por inspiración del llamado “Consenso de Washington” (Williamson, 1990). Bajo la aparente defensa de los principios de mercado, estas reformas concentrarían su atención en mejorar el desempeño de los gobiernos, pero no a transformar la estructura monopolizada de los derechos de propiedad, que ahora habría de quedar –nuevamente- en manos privadas. En efecto, si bien es indudable que las reformas neoliberales de los 90 habrían de mejorar el desempeño general de las economías latinoamericanas, al deslastrar los estados de las pesadas cargas fi scales impuestas por costosas empresas estatales, dichas reformas se limitarían a transferir activos del sector público al sector privado, pero manteniendo la condición de monopolio de las actividades respectivas. La utopía neoliberal emplearía mecanismos de intervención estatal supuestamente dirigidos a preservar la transparencia del mercado y los derechos económicos que paradójicamente acabarían con la estabilidad misma de los derechos de propiedad: leyes antimonopolio, agencias de regulación sectorial, comisiones estatales para combatir el “dumping” y otras practicas “desleales” del comercio internacional, la protección de monopolios de derechos de autor y patentes so pretexto de defender la propiedad intelectual, etc. Toda esta intervención estatal se orientaría a corregir fallas de mercado, en la búsqueda de la efi ciencia económica, el nuevo ethos de las políticas públicas.
El evidente resurgimiento de propuestas políticas basadas en el populismo, la colectivización de los derechos y el estatismo, representadas en el postcomunismo gramsciano predicado por varios partidos latinoamericanos, actualmente en el poder, afi liados al Foro de Sao Paulo, muestra el evidente desgaste de la propuesta neoliberal, que no fue capaz de inducir un cambio profundo en la estructura monopolizada de los derechos de propiedad en la región. De acuerdo con el más reciente latino barómetro publicado por el semanario “The Economist” (2007), “muchos latinoamericanos ya no creen que únicamente el mercado puede aportar una proporción justa de los benefi cios del crecimiento económico.” De hecho, “los latinoamericanos esperan más del Estado y menos del mercado.”
2.- Conclusiones
Las sociedades que han logrado consolidar la propiedad han logrado vencer las limitaciones de la naturaleza, dotando a sus miembros de los incentivos que necesitan para invertir en la producción de nuevos recursos productivos, agregando valor mediante la innovación empresarial y la identifi cación constante de nuevos usos a recursos sociales que de otro modo siempre serian limitados. Pero mas allá de la evidencia de la conexión entre progreso y propiedad, la pregunta que surge es por qué razón algunas sociedades han favorecido el surgimiento de la propiedad mientras que otras, como la latinoamericana, lo han anulado.
En el caso latinoamericano, la respuesta a esta pregunta se encuentra en la búsqueda de utopías sociales que ha inspirado políticas públicas monopolizadoras de los derechos de propiedad. Desde la concesión de la administración de estancos reales, pasando por la titulación de derechos de propiedad precarios sobre la tierra bajo los programas de reforma agraria del Estado de Bienestar, hasta las privatizaciones neoliberales y los monopolios de patentes y derechos de autor, las políticas públicas latinoamericanas han sido excluyentes, regresivas y profundamente conservadoras de los monopolios sobre los sectores de mejores ventajas competitivas. Para promover el crecimiento económico acelerado de los países en la región, se precisa cambiar radicalmente la estructura de la propiedad en estos sectores, eliminando monopolios y extendiendo la propiedad privada a las grandes mayorías.
Bibliografía
“A warning for Reformers”, The Economist, Nov 15th 2007, www.economist.com
GONZALEZ FABRE, RAUL (S.J.) (2007) Socialismo a la Venezolana: Cinco Problemitas, 692 Revista SIC, Marzo 2007
O’DRISCOLL Gerald P Jr., Edwin J. Feulner y Mary Anastasia O’Grady, (2003) Index of Economic Freedom (Washington: The Heritage Foundation and Dow Jones)
SÁNCHEZ NÚÑEZ, Héctor (ed.) (2000), Los Estancos en la Nueva España, (México: Comisión Federal de la Competencia)
RANGEL, Carlos (1976), Del Buen Salvaje al Buen Revolucionario, (Caracas: Monteavila Editores)
VARGAS LLOSA, Álvaro (2004) Rumbo a la Libertad: Por qué las izquierdas y el neoliberalismo fracasan en América Latina, (Madrid: Planeta)
VILLALOBOS, Sergio, Rafael Sagredo (2004), Los Estancos en Chile, Centro de Investigaciones Diego Barrios Arana, (Santiago de Chile: Fiscalía Nacional Económica)
WILLIAMSON, John (ed.) (1990) Latin American Adjustment: How Much has happened, (Washington, D.C., Institute for International Economics)
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